El senador panista José Máximo García López afirmó que Ernesto Ruffo Appel es el primer “preso político” del actual sexenio y acusó al Gobierno federal de aplicar la justicia de manera desigual. El legislador hizo el señalamiento este 22 de julio, durante actividades de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
García López sostuvo que la investigación contra el exgobernador de Baja California tiene un componente político y aseguró que las autoridades utilizaron todo el aparato del Estado para presentar su captura como un resultado relevante en el combate al contrabando de combustibles. La afirmación corresponde a la postura del senador y no constituye una determinación judicial. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio por su presunta participación en una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos, actividad conocida como huachicol fiscal. La Fiscalía General de la República lo acusa de delincuencia organizada y contrabando de combustible, mientras un juez ordenó que permanezca en prisión preventiva durante el desarrollo del proceso. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Las investigaciones relacionan al exmandatario con Ingemar, una empresa de servicios aduanales de la que habría sido accionista y que, según la indagatoria ministerial, intervino en operaciones utilizadas para introducir combustibles desde Estados Unidos mediante declaraciones fiscales presuntamente irregulares. La defensa deberá responder a esos señalamientos dentro del procedimiento penal. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
La prisión preventiva impuesta a Ruffo no equivale a una sentencia condenatoria. El exgobernador conserva la presunción de inocencia y será responsabilidad de la Fiscalía presentar pruebas suficientes para acreditar los delitos imputados, mientras sus abogados podrán controvertirlas, solicitar medidas cautelares distintas y promover los recursos previstos por la ley.
Desde la tribuna legislativa, García López aseguró que no existen pruebas que demuestren una intervención directa de Ruffo en el traslado, declaración aduanal o comercialización ilegal de hidrocarburos. También cuestionó que una operación de esa magnitud pudiera desarrollarse sin la participación o conocimiento de autoridades responsables de aduanas, seguridad y recaudación fiscal.
El senador recordó que Ruffo Appel fue elegido gobernador de Baja California en 1989 y se convirtió en el primer mandatario estatal de oposición reconocido durante el prolongado dominio nacional del PRI. García López utilizó ese antecedente para defender la trayectoria política del exgobernador y solicitar que el caso sea conducido sin presiones partidistas.
La discusión subió de tono cuando el legislador comparó la actuación contra Ruffo con la respuesta gubernamental frente a los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. García sostuvo que las grabaciones debían ser investigadas por sus posibles referencias a información de seguridad; el Gobierno federal respondió previamente que su contenido no acreditaba la entrega de datos confidenciales. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
García López también mencionó señalamientos políticos contra otros gobernadores vinculados con Morena, entre ellos Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. El senador utilizó esos casos para argumentar que las autoridades federales no investigan con la misma intensidad a figuras del oficialismo y de la oposición.
Con cartel en mano, el panista mostró una imagen crítica de Rocha Moya y lo calificó como el “verdadero rufián”, expresión que forma parte de la confrontación política entre bancadas. El señalamiento no sustituye una denuncia ministerial ni acredita responsabilidades penales contra el gobernador sinaloense.
El legislador pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum garantizar un proceso transparente, permitir que la defensa conozca y responda a cada elemento de la investigación y evitar que el expediente sea utilizado para obtener ventajas partidistas. Asimismo, insistió en que la aplicación de la ley debe alcanzar por igual a funcionarios, empresarios y dirigentes políticos.
El caso de Ruffo continuará en los tribunales, donde se determinará si existen elementos para vincularlo a proceso y mantener las medidas cautelares. Más allá del agarrón político en el Congreso, la discusión de fondo dependerá de las pruebas financieras, aduanales y empresariales que presente la Fiscalía, así como de las respuestas de la defensa.
