Por Bruno Cortés
Nos han vuelto a prometer el paraíso informativo. La señora presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo nos anunciaron con bombo y platillo que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha sacado a consulta pública los nuevos lineamientos sobre los “Derechos de las Audiencias”. Según la doctrina oficial, a partir de ahora la televisión y la radio tendrán que avisarnos con manzanitas, cortinillas y plecas en la pantalla cuando nos estén dando una noticia, cuando sea una simple opinión y cuándo nos estén vendiendo un jabón o un candidato.
Hasta ahí el asunto suena de perlas. A quién no le va a gustar que le garanticen “información veraz” y que un amabilísimo Defensor de las Audiencias atienda nuestras amarguras ciudadanas en un plazo no mayor a veinte días. El chiste, como siempre en esta patria ilustre, se cuenta solo en las letras chiquitas.
Porque mientras la lupa fiscalizadora se alista para apretarle las tuercas a las televisoras comerciales por cada adjetivo fuera de lugar, el proyecto se vuelve misteriosamente ciego, sordo y mudo cuando voltea a ver a los medios del Estado. Es decir, a Canal 11, Canal 22, el IMER y toda la red de frecuencias que pagamos los contribuyentes.
Dice la norma que en esos canales públicos el propio medio nombrará a su Defensor. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo: ¿alguien en su sano juicio cree que el Defensor nombrado por un funcionario puesto por el Ejecutivo le va a dar la razón a Doña Chona cuando se queje de que el noticiero nocturno lleva tres horas atacando a la oposición o vendiendo la mañanera como verdad revelada?
Nos piden fe ciega en un esquema donde el juzgador le debe el puesto al juzgado. El riesgo no es distante ni abstracto; ahí tenemos el vivo ejemplo de la CNDH, que pasó de ser la guardiana del pueblo a convertirse en la escolta abnegada del gobierno en turno, siempre lista para declarar que en el país no pasa nada y que la autoridad nunca se equivoca.
Si los medios estatales van a aplicar estos lineamientos con la misma vara con la que miden al prójimo, sus flamantes Defensores de las Audiencias no serán más que burócratas de ventanilla encargados de archivar las quejas de los ciudadanos en el cesto de la basura, mientras en la pantalla oficial se sigue transmitiendo la propaganda de la casa con sello de “veracidad garantizada”.
Veremos si en los veinte días de consulta alguien se atreve a señalar que la verdad no se decreta por línea gubernamental, o si terminaremos teniendo una tele donde la opinión del Estado es la única noticia válida.
