El narcotráfico continúa condicionando el ambiente político mexicano, incluso cuando los indicadores oficiales muestran avances en algunos delitos. El Gobierno federal reportó una reducción cercana a 48 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026. Sin embargo, la percepción ciudadana presenta otra dimensión: en marzo de 2026, 61.5 por ciento de la población adulta urbana consideró inseguro vivir en su ciudad.
Ambos datos pueden ser ciertos al mismo tiempo. Los homicidios pueden disminuir mientras persisten extorsiones, desapariciones, control territorial, temor y experiencias cotidianas que deterioran la confianza. La distancia entre las estadísticas y la percepción se convierte en terreno de disputa entre gobiernos, oposiciones y organizaciones sociales.
El reto político no consiste sólo en desplegar fuerzas de seguridad. También exige fortalecer fiscalías, policías locales, sistemas de inteligencia financiera, aduanas y mecanismos de protección a víctimas y periodistas. Sin investigaciones sólidas y sentencias, las reducciones temporales son difíciles de convertir en Estado de derecho.
La discusión pública debe evitar dos extremos: negar cualquier avance porque el problema continúa o presentar mejoras parciales como si la violencia estuviera resuelta. La evaluación requiere datos comparables, transparencia estatal y atención a las diferencias regionales.
El narcotráfico influye además en la relación con Estados Unidos, la inversión y los procesos electorales. Por eso, la respuesta institucional necesita coordinación internacional sin renunciar a la soberanía ni reducir la seguridad a una narrativa partidista.
La legitimidad política dependerá de resultados verificables: menos víctimas, investigaciones eficaces, comunidades con libertad y una ciudadanía que pueda recuperar la confianza en sus instituciones.
Fuentes: SESNSP e INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.
